Rafael Gómez Montoya es el presidente de Legacom, la empresa pública donde el ayuntamiento es el único accionista. El juzgado número 5 de Leganés despacha ejecución contra Legacom para que cumpla en “sus propios términos” la sentencia que la condenaba por sus informaciones y vídeos manipulados. (vid. Auto judicial Legacom

 

ULEG exigirá en pleno que el alcalde y el gerente de Legacom paguen de su bolsillo a los abogados contratados a dedo con dinero público para defender las barbaridades de su gestión y sus pleitos privados y anuncia que presentarán una moción para reactivar el empleo y la economía de Leganés.

 

Lamentablemente, son muchas las actuaciones de este ayuntamiento que ya han sido o bien declaradas ilegales o paralizadas judicialmente o que están en los juzgados o sujetas a investigación penal. Ahí tenemos la venta de parcelas públicas para hacer chalés de lujo, la venta de parcelas municipales por 30 millones de euros menos al valor marcado por el técnico responsable del ayuntamiento o el caso facturas, entre otros muchos. Pero ahora, tal y como informó el partido Unión por Leganés (ULEG) en rueda de prensa, nos encontramos, por lo simbólico del mismo, en un caso especialmente grave: “la Justicia dicta un auto exigiendo a que en el plazo de un mes se ejecute la sentencia que condena a la revista La Plaza a rectificar una serie de informaciones y a elaborar unos vídeos-resúmenes no manipulados de los plenos. Además, le advierten de que si no cumple en el plazo señalado, ULEG podrá pedir que se le faculte para encargar la obligación a un tercero, a costa de Legacom, o reclamar daños y perjuicios”.

 

La credibilidad de este ayuntamiento por los suelos.

 

El auto judicial demuestra que la sentencia no se ha ejecutado, cosa que sí reiteraban en Legacom y públicamente en un reciente pleno el propio edil García Blázquez, portavoz del PSOE. “Este ayuntamiento además de hacer de la mentira la base de su política ya ha llegado a lo más grave: despreciar el estado de derecho y no respetar las resoluciones judiciales. ¿Si han ejecutado la sentencia como afirmaban, por qué la juez les obliga a cumplir? Queda claro que estamos gobernados por unos incompetentes, la justicia dirá si por unos presuntos delincuentes y, como se demuestra documentalmente y sin ninguna duda, por unos mentirosos enfermizos”,  explicó el edil Carlos Delgado.

 

El alcalde y el gerente de Legacom juegan con fuego.

 

ULEG recordó que “si el alcalde y el gerente de Legacom, designado a dedo sin cualificación, tanto es así que se modificaron los estatutos de la empresa, se empecinan en no cumplir la sentencia o el presente auto, se están jugando el cometer el delito de desobediencia que recoge el artículo 410 del código penal”:

 

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

 

 “Y más les valdría tomárselo en serio, porque no irán muy desencaminadas nuestras denuncias y demandas cuando nos están dando la razón continuamente los tribunales. Este alcalde y su gente ya no es que estén jugando con fuego. Es que se están quemando a lo bonzo con tanta chapuza, prepotencia y desfachatez”.

 

Más mentiras.

 

El concejal Delgado también aportó otros documentos que acreditan otra nueva mentira de los gobernantes locales. En concreto de, otra vez, el portavoz y concejal de Hacienda García Blázquez: “esto de mentir lo lleva en la sangre porque confunde ser testigo con ser imputado, y no se le movió un pelo cuando negó que se estaban contratando abogados y procuradores con dinero público para asuntos que no necesitaban asistencia letrada y que nada tenían que ver con intereses generales, sino con fines partidistas o personales”. Así, desde ULEG aportaron las copias de las escrituras en las que se ha apoderado a  procuradores y abogados en pleitos donde no es necesario, o cómo se han utilizado a los abogados del ayuntamiento para conflictos personales del alcalde en defensa de su “honor”, por lo que exigirán que el pleno obligue al alcalde y al gerente de Legacom a pagar de su bolsillo la  intervención letrada en tales pleitos.

 

Un plan de empleo, campañas informativas y 7º aniversario de ULEG.

 

Asimismo, el edil Carlos Delgado y el secretario de comunicación, Ricardo López, que compartieron con los medios asistentes la celebración del 7º aniversario del partido local, informaron de que en el próximo pleno se presentará una moción para que con el concurso de todas las fuerzas políticas se trabaje en un plan que reactive el empleo y la economía en Leganés. “Vimos en la pasada comparecencia del edil de desarrollo local y empleo que en este ayuntamiento están llenos de propaganda, pero vacíos de iniciativas y propuestas. Con 17.000 vecinos en paro no podemos quedarnos de brazos cruzados, por lo que haremos lo que haga falta, incluidas campañas informativas y reuniones con el tejido productivo, comercial y empresarial de Leganés para que la ciudad salga para adelante ante la desidia, incapacidad e incompetencia del gobierno local. Se nota que ya no les hace ilusión hacer cosas por la ciudad. Son 30 años mandando, y ya sólo se mueven por la erótica del poder y la comodidad de la poltrona. Los vecinos y sus problemas no les importan nada. Ha llegado la hora de abrir las ventanas de este ayuntamiento y que entre aire fresco, nuevas ideas y un proyecto sólido, contrastado y que ilusione a los vecinos como el que defiende ULEG”.