Se realizan llamadas de teléfono a los vecinos y se les advierte del posible embargo de su casa. “Exigimos que cese ya este hostigamiento al margen de la ley y que el edil de Hacienda adopte cartas en el asunto. Es inadmisible que por teléfono se esté “informando” a los vecinos de lo que pasa si no pagan los recibos de, por ejemplo, la tasa de basura de 2001”, reclama el concejal de ULEG, Carlos Delgado.

 

 

El servicio de recaudación ejecutiva está privatizado. En 2006 se adjudicó el contrato a  Pedro Morales 1981 SLU, cuya retribución está condicionada al éxito de los cobros, un “ansia” que está provocando actuaciones absolutamente reprobables e inquisitoriales impropias de un Estado de Derecho.

 

Unión por Leganés (ULEG) informa de un asunto especialmente escandaloso, grave, sorprendente y más propio de un Estado policial: varios vecinos se han puesto en contacto con el concejal de ULEG, Carlos Delgado, para quejarse de que están recibiendo llamadas telefónicas en nombre de Hacienda del Ayuntamiento de Leganés por las que se les está amenazando con embargar su nómina o vivienda si no pagan una serie de recibos, como el correspondiente a la ya felizmente eliminada tasa de basura. Además, se añade el hecho de que muchos de esos recibos se corresponden a la tasa de basura de los años 2001 y 2002, declaradas no conformes a Derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La persecución telefónica ha llegado incluso a que se localicen los números particulares de personas que viven en ciudades como Valladolid.

 

 

Desde ULEG exigen al concejal de Hacienda explicaciones inmediatas que aclaren si tales intolerables llamadas, al margen del procedimiento legal administrativo, son por iniciativa suya o son una desdichada “ocurrencia” de la contrata privada que gestiona el servicio de recaudación. Además, se da la circunstancia de que esta empresa está próxima a que finalice o se prorrogue su contrato, por lo que “o dimite el edil de Hacienda por impulsar estos métodos inquisitoriales o, si no ha sido cosa suya, se tendrá que resolver el contrato con esta empresa y no proceder en ningún modo a prorrogar sus servicios”.

 

 

Desde ULEG se informa que llevarán este asunto al pleno municipal porque “no vamos a tolerar que las garantías y derechos de los ciudadanos se pisoteen una vez más y con métodos propios de la Inquisición por la voracidad recaudatoria de este gobierno municipal o de sus contratas. Más aún cuando vemos cómo gran parte del dinero público se despilfarra por este ayuntamiento sólo para garantizar o apuntalar de forma partidista el incierto futuro político del alcalde”.