El partido local anunció que pondrá en manos de los tribunales el caso de la cesión de la parcela de Arroyo Culebro para un centro concertado ante las irregularidades detectadas y que son contrarias a la ley.

En el día de hoy se celebró el pleno extraordinario convocado por los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Leganés para encargar a los servicios jurídicos las acciones pertinentes para anular la cesión de la parcela para la construcción en Arroyo Culebro de un centro educativo privado o concertado. El debate político se centró una vez más en lo que el partido local denomina “pelotazo educativo”, al ceder una parcela de 26.438 m2 y valorada en 33 millones de euros por un canon de 50.000 euros anuales (1,80 euros el metro cuadrado) a la iniciativa privada para construir un colegio privado-concertado en un barrio donde ya existe la imperiosa necesidad de un tercer colegio.

Conflicto pleno-junta gobierno.

Unión por Leganés – ULEG, a través de su portavoz Carlos Delgado, hizo mención al artículo 122 de la Ley de Bases de Régimen Local donde se señala que “el pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal” y que una de sus atribuciones es “el control y la fiscalización de los órganos de gobierno”… De hecho, el propio Delgado se preguntó “si sirve de algo que los ciudadanos acudan a votar cuando la representación democrática, en función de sus sufragios, no tiene finalmente reflejo en las decisiones mayoritarias del ayuntamiento, como ocurre en este caso donde 15 concejales de la oposición finalmente son menos que 12 del gobierno”.

Por otro lado, el partido vecinal entabló un debate jurídico poniendo “contra las cuerdas” al gobierno local al enumerar una larga lista de irregularidades en el proceso de cesión de la parcela municipal. Delgado se basó en los informes de la interventora municipal cuyo informe reconoce sobre el reflejo en el presupuesto de la cesión que “se trata de patrimonio municipal de suelo y que no existe inventario municipal de tal suelo en el Ayuntamiento de Leganés, por lo que no hay constancia de que se registrara a través del oportuno asiento en contabilidad dando de alta esta parcela…”. Con respecto al carácter de patrimonio municipal y su control contable indica que “no se ha podido reflejar por la inexistencia en inventario y balance de forma separada. Por tanto al no existir coordinación entre contabilidad e inventario general debería contar con un inventario específico de carácter contable para detallar individualmente su inmovilizado”. Por último el informe hace también hincapié en que “no está recogido en presupuesto de 2012 el ingreso de derecho público que supone el cobro del canon por el Ayuntamiento, por lo que su ingreso originará una modificación en el presupuesto…”

Por otro lado, desde ULEG puntualizan que el informe del titular de la oficina de apoyo se hizo a posteriori y a raíz de la convocatoria del pleno. “Una irregularidad más que demuestra que la decisión de la Junta de Gobierno Local se adopto al margen del aval jurídico del funcionario que asesora legalmente al gobierno de Leganés”.

También señalaron que los documentos acreditan que se había publicado un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid convocando a las empresas a concursar para quedarse con el colegio concertado cuando ni tan siquiera se ha formalizado el acuerdo de cesión ya que no nos consta que se haya firmado nada entre las dos administraciones, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Leganés.

ULEG recordó que ya durante la pasada legislatura llevó a los tribunales dos casos similares que fueron “tumbados” por incumplir el artículo 177 que indica que las administraciones públicas titulares de patrimonios públicos de suelo deberán tener un Registro de Explotanción. Por tanto “los errores se repiten”.

“Ante tamaña lista de irregularidades cometidas por el gobierno local (PP) no nos quedará otra que acudir a que se pronuncien los tribunales como hemos hecho en otras ocasiones para defender el patrimonio de todos los leganenses. El pleno ha pedido la revocación porque queremos que, además de la voluntad política, se imponga también la voluntad que expresa la ley”, finalizó Carlos Delgado.