Los principales grupos políticos de la Oposición, Unión por Leganés-ULEG y el Grupo Socialista, a través de sus portavoces Carlos Delgado y Rafael Gómez Montoya, han registrado ante la Fiscalía del área Leganés-Getafe una denuncia contra el alcalde de Leganés (PP), Jesús Gómez Ruiz por presunta malversación de fondos y caudales públicos previsto y penado en los artículos 432 y siguientes del Código Penal, sin menoscabo de que las actuaciones y diligencias practicadas por la Fiscalía pudieran apreciar otros delitos añadidos a este y atribuibles a más personas.


Otro elemento a sumar a esta presunta malversación que podría valorarse en más de 50.000 euros es el uso irregular, fraudulento y espurio del censo tributario para enviar comunicaciones de contenido partidista como es el caso que se denuncia. “Una actuación que entendemos puede ser una infracción que se incluya dentro del propio tipo penal de malversación o podría suponer un ilícito específico a considerar por la Fiscalía”, apuntan los portavoces firmantes de la denuncia.


 

Leganés, 17 de junio de 2013


La denuncia se fundamenta en que con fecha 23 de mayo se tuvo conocimiento de que, con franqueo oficial del ayuntamiento y, por consiguiente, con cargo a esta institución, D. Jesús Gómez Ruíz incluyó un texto suyo de claros tintes políticos y partidistas en las miles de cartas-recibos (con membrete y emblema del ayuntamiento) con su correspondiente liquidación de impuestos giradas a los domicilios de los vecinos de Leganés y que aparecen en el censo tributario como sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles. Hablamos de no menos de 90.000 cartas-recibos liquidatorios. El objeto de esta carta no fue otro que hacer un discurso político partidista, faltando además dolosamente a la verdad.

 

De la lectura de la carta-recibo se puede deducir objetivamente que se trata de una misiva dirigida a todos los contribuyentes de Leganés, donde se aprovecha la parte “aséptica” que es el envío de un recibo con los elementos necesarios para que el ciudadano sepa cuánto tiene que pagar, en concepto de qué y el plazo y lugar de pago, para incluir de manera espuria valoraciones políticas partidarias e injustificables que podrían entenderse como legales y legítimas siempre que se realicen con cargo a los fondos de que disponga el PP para ello, y no con bienes y fondos públicos destinados a fines absolutamente diferentes a los utilizados por el alcalde de Leganés D. Jesús Gómez Ruíz.

 

Desde ULEG y PSOE se remarca que “es reiterada la jurisprudencia que califica el ánimo de lucro como ‘animus lucri faciendi gratia’ es decir, considerándolo como «propósito de enriquecimiento, ganancia económica, provecho o ventaja”, siendo evidente la ventaja que se pretende y el provecho político, espurio y al margen de lo que es una comunicación administrativa y tributaria lo que el alcalde perpetró con este envío masivo a cargo del erario público.

 

Y es que por «caudal», como elemento objetivo del tipo de malversación, debemos entender lo que sea evaluable económicamente, además de dinero en efectivo. Es decir, el envío por parte del Partido Popular de una carta a más de 93.000 contribuyentes por un conducto que no fuera precisamente el que se ha utilizado podría haber supuesto más de 50.000 euros en gastos (unos 50 céntimos por diseño, elaboración, franqueo y distribución de la carta-recibo), gastos privados que se ahorran y se han ahorrado en detrimento de las arcas públicas al utilizar una comunicación institucional que por su propias características no pueden ser objeto de propaganda de partido (de hecho en el texto sólo aparecen los grupos políticos PSOE, ULEG e IU y siempre para consideraciones negativas) o soporte de discurso político sectario o particular, por muy alcalde que uno sea. Declaraciones textuales que aparecen en el recibo como “PSOE, ULEG e IU rechazaron nuestra propuesta y se negaron a abrir un periodo de alegaciones”, o “esta negativa de PSOE, ULEG e IU nos perjudica a todos los vecinos” o “me atrevo a pedir su apoyo para convencer a los grupos de la oposición de que autoricen con su voto…”, no dejan lugar a dudas.

 

Otro elemento a sumar a esta presunta malversación es el uso irregular, fraudulento y espurio del censo tributario para enviar comunicaciones de contenido partidista como es el caso. “Una actuación que entendemos puede ser una infracción que se incluya dentro del propio tipo de malversación o podría suponer un ilícito específico a considerar por la Fiscalía”, apuntan los portavoces firmantes de la denuncia.

 

Tanto para ULEG como para el PSOE, la gravedad de los hechos denunciados demandan una inmediata investigación que aclare todos los extremos, depure las responsabilidades y se activen por la Fiscalía, como presunto delito público que se denuncia, las acciones jurídicas que sean precisas para prevenir que se cometan este tipo de actuaciones que entendemos merecen el máximo reproche penal además de la crítica política y el oprobio social”.