Para el portavoz del partido vecinal, Carlos Delgado, y ante la autoritaria decisión de impedir el debate y votación en pleno de dos iniciativas políticas de ULEG que contaban con todas las bendiciones legales, “la Justicia tendrá que parar los pies a un señor como Jesús Gómez, cada día más en la línea de los peores antiejemplos democráticos que se hayan sufrido como alcaldes”.


Martes, 6 de agosto de 2013


La demanda de Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles en el consistorio, solicita a la Justicia que condene la actuación del regidor de Leganés y se reconozca que el alcalde Jesús Gómez vulneró los derechos fundamentales de participación política y por ende de libertad de expresión y de conciencia del grupo municipal ULEG, a quien D. Jesús Gómez, motu proprio, y sin contar con ningún informe jurídico que lo avalara y con el frontal rechazo de todos los grupos de la Oposición y de la Junta de Portavoces, vetó dos mociones del grupo político ULEG, mociones en las que se pedía la creación de dos comisiones de investigación por presuntas irregularidades en dos sustanciosos contratos, uno relacionado con el mantenimiento de zonas verdes y otros relacionado con las obras de mantenimiento en la vía pública, ambos con importes cercanos a los 10 millones de euros.

Precisamente, los 4 concejales de ULEG también fueron expulsados del pleno del 27 de junio por el alcalde, sirviéndose de la propia policía municipal, por protestar por no incluir en esa sesión esas dos iniciativas políticas, “una flagrante y muy grave violación de los derechos políticos fundamentales de un grupo político, silenciando la voz en el pleno de miles de vecinos
representados por esta formación, y cercenando las reglas más básicas del juego democrático al impedir que se incluyeran en el orden del día y se votaran sendas iniciativas”.

 

En palabras del portavoz y concejal de ULEG, Carlos Delgado, “el alcalde Jesús Gómez cada día hace méritos para superar al antiejemplo democrático que representaba Jesús Gil. Ya no sólo comparten nombre e iniciales, sino el mismo nulo respeto por los derechos políticos. Esperemos que en esta ocasión le ponga freno la Justicia, como ya ha hecho en otras barrabasadas como en los expedientes abiertos contra policías municipales o en los despidos de 39 trabajadores interinos del ayuntamiento de Leganés. Y si la Justicia le condena, el alcalde sólo tendrá una salida digna: dimitir por ser un violador de derechos fundamentales”.