Jesús Gómez, en otro “alarde de transparencia y honradez”, está tapando y ocultando a la opinión pública y al propio Ayuntamiento que desde el 29 de noviembre está imputado por prevaricación por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Leganés por el pago ilegal, según los interventores del ayuntamiento y funcionarios del Estado, del sueldo de los directores generales, cargos de confianza política elegidos por libre designación, entre los que están destacados afiliados y militantes del PP, como un exconcejal del PP y ahora director general de Urbanismo. Todos ellos tienen sueldos de más de 50.000 €/ año.

 

La juez ya consideró el 14 de noviembre del año pasado que los hechos denunciados por los portavoces de ULEG y PSOE podían revestir las características de infracción penal y abrió las diligencias previas 1969/2013. De hecho, además de la imputación del alcalde ya ha ordenado que acudan el 27 de enero a declarar al juzgado en calidad de testigos las exinterventoras Icíar Férnández y Lucía Mora.


Leganés, 8 de enero de 2014


Jarro de agua helada en las filas gubernamentales y en el PP de Leganés. Nadie del gobierno salvo el “búnker” que rodea al alcalde es conocedor de esta gravísima noticia, silenciada todas estas semanas. El alcalde Jesús Gómez Ruiz está imputado por el “caso Nóminas” tal y como desvela hoy el periódico local DLeganés y ha podido confirmar Unión por Leganés-ULEG en sede judicial. Es más, de la representación procesal del regidor se encarga el propio jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Leganés, Gonzalo Ruiz Gálvez, quien ya se ha ocupado de presentar diversa documentación a la juez, si bien no ha informado sobre ello al pleno ni a los portavoces de los grupos municipales.

 

La imputación judicial del primer edil por el delito de prevaricación surge por la denuncia de ULEG y de otros grupos políticos de la oposición en el denominado “Caso Nóminas”, por el que se reparaba de ilegalidad en reiteradas ocasiones por parte de varias interventoras y del titular de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno Local los pagos de las nóminas de los directores generales por no tener cobertura presupuestaria, lo que ya habría supuesto más de 100.000 euros a las arcas municipales. Pagos que Jesús Gómez decretaba levantando los reparos.

 

Dimisión, única salida. Esta imputación, además escondida a todos como sólo harían los que ya se ven como culpables, amenaza con ser un terremoto regional por la condición de diputado del alcalde. “La credibilidad del alcalde es menos que cero después del episodio de Cáritas y del compromiso de dimisión ante notario si no cumplía unas obras que no se han hecho. Una ciudad no puede tener al frente a un imputado por prevaricación, a un presunto delincuente que pretende además manejar un presupuesto anual de más de 200 millones de euros. Es intolerable, o dimite o le dimiten o lo dimitimos”, explica ULEG.