La obra se encuentra parada a pesar de que el pasado 19 de octubre de 2016, según el pliego, debería haber finalizado. La penalización es de 227 euros por cada día de retraso. El director Fco. Javier Márquez afirmó que las obras iban bien y que ya se había “facturado” el 40%, algo que se demuestra absolutamente falso, porque no se ha certificado ni el 20%.

 

El informe presentado por los funcionarios y dado a conocer en la junta de gobierno del pasado 13 de diciembre es demoledor: nunca hubo suficientes operarios (apenas había un operario de media al día en el mes de junio siendo esta media incluso inferior en julio), se produjeron robos en las instalaciones sin que se tomaran medidas, nunca hubo pegas hasta unos días antes del plazo para terminar la obra…

 

El partido vecinal Unión por Leganés-ULEG exige el cese inmediato del director general y pondrá en conocimiento de Fiscalía toda la documentación “porque entendemos que hay motivos para una investigación criminal”.

Leganés, 3 de enero de 2017
La connivencia entre el director general de Sostenibilidad, Javier Márquez Ortiz, del ayuntamiento de Leganés y la empresa Únika (involucrada en otras investigaciones judiciales) está al margen de toda duda si nos atenemos al demoledor informe presentado por técnicos municipales ante la intención de la empresa de que se aceptara un modificado de la obra y la suspensión de la misma.

 

Polémica desde la adjudicación de la obra.

Recordemos que la remodelación del pabellón ha estado rodeada de gran polémica no siendo la empresa adjudicataria, UNIKA Proyectos y Obras SAU, la oferta más ventajosa de las que se presentaron, sino que fue la tercera. Las dos primeras fueron eliminadas por superar el límite de baja desproporcionada en apenas 6.000 €, a pesar del gran esfuerzo que la primera clasificada realizó para justificar la oferta. Finalmente, un informe firmado por un arquitecto y el propio Director General de Sostenibilidad Francisco Javier Márquez (PSOE) eliminó a las 2 primeras clasificadas y propuso a la tercera como adjudicataria. Unos hechos que propiciaron que ULEG los pusiera en conocimiento de la juez de instrucción de Lugo que investiga la trama Pokemon y su derivada en Madrid.

 

“Más dinero para acabar la obra”

En la Junta de Gobierno del 13 de diciembre de 2016 se llevó la propuesta de la empresa Únika de suspender la ejecución de la obra y modificar la misma. En lenguaje llano, reclamar más dinero para terminar la instalación y excusar el no cumplir los plazos. La Junta de Gobierno se negó. Los técnicos del ayuntamiento no han podido ser más explícitos y dejar más en evidencia al director de su área, empeñado en proteger a la empresa y encubrirla, a pesar de ser conocedor desde hace meses de la imposibilidad de entregar la obra en plazo y de las irregularidades que se venían acumulando, lo que no fue óbice para ocultar todo a los vecinos en su comparecencia en la Junta de Distrito de San Nicasio del 20 de septiembre donde  “mintió como un bellaco. ¿Por qué? ¿Por cuánto?, como diría su compañera Laura Oliva. ¿Y por qué calla el alcalde? ¿Qué teme? ¿Hay más?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fantasma de la Biblioteca Central y Centros Cívicos.

Las soluciones que ahora se pueden plantear no son sencillas para retomar las obras: que el propio ayuntamiento trate de rescatar la obra y volverla a sacar a licitación nuevamente, o abrir la vía judicial imponiendo sanciones administrativas por el retraso y los perjuicios ocasionados. El camino hasta encontrar una solución que permita la reapertura de la instalación deportiva será largo y tortuoso. En suma, nuevo fiasco del PSOE y cómplices.

 

Director general ilegal, incompetente y “perejil” de toda salsa.

Javier Márquez Ortiz, director general de Sostenibilidad, es un “animador sociocultural” cuyo principal mérito curricular es ser amigo íntimo desde la adolescencia del alcalde socialista Santiago Llorente. Ser compañero de correrías del primer edil es argumento clave para formar parte del gobierno de este ayuntamiento, donde el nombramiento de los directores generales es ilegal, como así se ha pronunciado el TSJ por vulnerar los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades, no ser funcionarios ni haber justificación para no serlo…Y un largo etcétera que no impide que el alcalde se atrinchere y no cumpla con la Justicia por temor a que caiga todo su gobierno/chiringuito/cortijo.

 

Falta de transparencia continua.

Javier Márquez, quien se niega a convocar la mesa de trabajo aprobada en Pleno para supervisar los pliegos y el trabajo diario de las empresas que gestionan contratos millonarios, aglutina varios escándalos en su área: las casetas de la Policía Local recepcionadas dos veces, el intento de sepultar bajo tierra la piscina Solagua, el contubernio con Valoriza para sustituir 4.600 contenedores de recogida de residuos, la operación asfalto “sin papeles” en el polígono San José de Valderas, el “acondicionamiento” de una campa en el Paseo de la Ermita o la proliferación de ratas en varios barrios de Leganés. Por no hablar de la resurrección año y medio después de la obra de la cocina y comedor del colegio Víctor Pradera para beneficiar a una empresa del constructor dueño del panfleto progubernamental Al Cabo de la Calle.

 

Cada uno de los anteriores casos debería motivar su cese, lo que instará ULEG, único partido en la Oposición real, en el próximo Pleno, así como informar de todo a Fiscalía.

 

Se adjunta vídeo-denuncia del estado del pabellón y de las razones de la suspensión.

Se adjunta el acuerdo de la Junta de Gobierno con el informe de los técnicos y pantallazo de los operarios trabajando cada mes.