Por los daños y perjuicios causados fruto de la nefasta gestión del ex alcalde de Leganés, Jesús Gómez, y el entonces edil de Urbanismo y hoy portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, en el denominado “caso Portfolio”, una turbia permuta por la que además de tener el ayuntamiento que quedarse con un suelo valorado en poco más de 3 millones de euros y entregar uno valorado en 30, se tendrán que abonar cerca de 7 millones de euros en intereses y costas por la negligente labor del ambos cargos públicos, ambos en activo y vinculados por distintas cuestiones.

Leganés 10 de mayo de 2017

Por su interés reproducimos el contenido íntegro de la moción.

 

Moción de ULEG para iniciar proceso de reclamación por daños y perjuicios al exalcalde Jesús Gómez y al exedil de Urbanismo Miguel Ángel Recuenco por los 7 millones de euros de “sobrecoste” por una permuta de suelo con la empresa Portfolio.

 

Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, así lo establece la legislación y, en concreto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local determina en su artículo 78.3 lo siguiente: Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella.

 

Estamos acostumbrados los vecinos a que la gestión que los dirigentes políticos ejecutan con consecuencias nefastas para los intereses generales resulte impune. Pérdidas millonarias, indemnizaciones por persecución a funcionarios, pleitos mal defendidos, expropiaciones hechas a las bravas…, que terminan suponiendo un agujero descomunal a las arcas municipales. Unas acciones que quedan olvidadas, perdonadas o absueltas por la “sentencia de las urnas”, mecanismo que podrá dirimir la responsabilidad política, pero en ningún caso puede ser entendida como una patente de corso para aquellas actuaciones especialmente sangrantes e injustificadas como de la que es objeto esta moción.

 

¿Y de qué hablamos en esta moción? De una permuta de suelo perpetrada en 2005 por el edil de Urbanismo de entonces, el socialista Florencio Izquierdo, que costará ahora 7 millones de euros extra a los vecinos. Lo que en 2005 suponía mediante un acuerdo de permuta el cambio de suelo por suelo (valorados ambos en 12 millones), se traduce 12 años después en que mientras el ayuntamiento se tendrá que quedar con un suelo rústico (Finca Fuente de la Mora), protegido medioambientalmente, con “inquilinos”, la empresa Porfolio se va a quedar con más de 28.000 m2 edificables de uso comercial y de ocio en pleno Plaza Nueva, en el Plan Parcial 3.

 

Estamos hablando de un “trueque” donde por un lado el ayuntamiento se queda con arena ya que estimamos, a la espera de que nos den los informes municipales reclamados, que actualmente esos terrenos de la Fuente de la Mora no alcanzan un valor ni de 3 millones de euros, mientras entrega oro, puesto que esas parcelas en el PP3 pueden alcanzar los 30 millones de euros según se cuantificó en su día cuando se pretendió su venta y fue frenada por un recurso judicial de ULEG. No contentos con este acuerdo leonino, fruto del malhacer de nuestros gobernantes municipales se suma a la “factura” la cifra de 7 millones de euros que por sentencia judicial firme se tendrán que abonar a la empresa por los intereses y costas generados por no haberse materializado la permuta en 2005.

 

Insistimos, a la ya de por sí turbia y difícilmente explicable permuta de suelo que se materializó un 17 de marzo de 2005 por el entonces edil de Urbanismo (PSOE) Florencio Izquierdo y el representante de la empresa Festival Park (ahora Portfolio) por el que el ayuntamiento de Leganés se quedaba con la 11/12 parte de suelo rústico denominado “Fuente de la Mora” para entregar un goloso suelo comercial y de ocio en lo que hoy es Plaza Nueva (PP3) se suma el que los vecinos tengamos que pagar entre intereses y costas judiciales la millonaria cifra mencionada ya que el ayuntamiento por razones que desconocemos nunca quiso cumplir con este acuerdo y la empresa se vio obligada a acudir a la vía judicial.

 

Las dudas sobre esta operación son innumerables (para empezar resulta sorprendente que un contrato “privado” entre un edil de Urbanismo y un empresario vincule a todo el Ayuntamiento) y no ayudaron a despejarlas precisamente las comparecencias en la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda del alcalde y del jefe de la Asesoría Jurídica. Las respuestas del alcalde dieron vergüenza ajena intentando primero esparcir las culpas con otros ediles del PSOE y de IU con los que compartía gobierno y Pleno, y posteriormente afirmar desconocer por qué el gobierno del que formaba parte nunca quiso cumplir con el acuerdo de permuta suscrito en 2005.

 

Por otro lado, hemos de recordar que el proceso judicial en la vía civil comenzó durante la legislatura del PP y la sentencia de 1ª instancia luego ratificada por la Audiencia Provincial es de febrero de 2015 (gobierno del PP). Un proceso judicial al que tampoco se entiende que el PP no pusiera coto cuando son innumerables los requerimientos por la empresa para que se cumpliera el contrato de permuta para evitar acudir a la Justicia.

 

Al hilo de esto último y principal motivo para esta iniciativa, las declaraciones del actual portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, y ex edil de Urbanismo en la pasada legislatura en la rueda de prensa celebrada el 19 de abril de este año son tan preocupantes como inquietantes, ya que, como reproducimos textualmente, comentó: “la experiencia que tuve en el área de Urbanismo cuando me vino a ver el representante de la empresa en el año 2013. No teníamos constancia cuando entramos al gobierno nosotros de esta situación y me vino a exigir el cumplimiento del año 2003. Yo cuando vi eso, dije, bueno, yo entiendo que es un convenio que en el momento que tenga los informes favorables de los técnicos y jurídicos de la delegación así como de la delegación de patrimonio esta permuta se tendrá que llevar a cabo. El representante de la empresa dijo que él no estaba dispuesto a esperar más tiempo porque llevaba esperando desde 2003 y planteó la demanda. Pues ¿Y qué vas a hacer ante eso? No puedes hacer absolutamente nada más que defenderte en los tribunales que así entiendo que hizo la asesoría jurídica que es defenderse en las mejores condiciones”.

 

Es por tanto que ante una vía amistosa pretendida por los representantes de la empresa Portfolio y que habría supuesto no tener que afrontar este millonario “extra”, el entonces edil de Urbanismo se remite a la elaboración de unos informes que se desconocen, que no obran en ningún expediente al que hayamos tenido acceso y que, a la luz de los hechos, no tuvieron que servir de nada (si es que realmente se encargaron), porque nada hizo el edil de Urbanismo salvo no defender los intereses municipales y por acción u omisión terminara siendo el erario el que sufriera las consecuencias de su negligente actuación. ¿No hubo nadie que aconsejara que simple y llanamente se ejecutara el acuerdo de permuta firmado? Si hubo ese consejo, ¿por qué el exalcalde y el exedil de Urbanismo del PP actuaron de este modo? ¿Es creíble que con dos años ya de edil de Urbanismo no supiera nada de que había esta permuta pendiente de ejecutar? ¿No investigó cómo se llegó a esa permuta y no se había ejecutado antes?

 

¿Qué intereses ocultos están detrás de una permuta donde el ayuntamiento elige un suelo de más que discutible valor y qué intereses ocultos hay para que esa permuta no se ejecute durante años acarreando unos intereses y costas que van a suponer a los vecinos de Leganés un desembolso extra de al menos 7 millones de euros? ¿Es un pelotazo urbanístico? ¿A qué se debe el oscurantismo, el silencio y la clandestinidad con la que PSOE y PP han tratado este asunto? ¿Qué papel jugó en toda esta operación Realia, Caja Madrid y los tentáculos políticos y de los consejeros de administración “políticos” de aquella época? ¿Cómo se ha llegado a esta situación y se tiene la desvergüenza de querer irse de rositas los responsables? ¿Por qué desde hace un año no se pone en marcha la comisión de investigación aprobada en Pleno para aclarar estos millonarios pleitos?

 

Preguntas sin responder o de fácil contestación, según se vea. En cualquier caso, una vez más, como en lo sucedido con la expropiación de terrenos en el Parque Picasso, del suelo perteneciente a Defensa para construir el Bulevar de Paquita Gallego, la rescisión ilegal del contrato con la empresa de mantenimiento de vía pública que nos ha supuesto más de un millón de euros en indemnizaciones, los 5 millones de euros perdidos por una negligente labor del gobierno local en la gestión del PRISMA, ya sea por culpa del PP, del PSOE o de ambos al alimón, es el vecino quien termina soportando los desmanes y tropelías del dirigente político de turno.

 

Todo ello hace ya esencial, ineludible la puesta en marcha del mecanismo jurídico que sea preciso para que los cargos políticos causantes de desastrosas decisiones que suponen millones de euros para las arcas públicas respondan con su propio patrimonio. Así, desde Unión por Leganés-ULEG proponemos al Pleno, sin menoscabo de otras acciones jurídicas, la adopción del siguiente  ACUERDO

 

1.- Iniciar de inmediato conforme al artículo 78.3 de la LBRL y demás legislación aplicable, el proceso de reclamación de responsabilidad por daños y perjuicios al exalcalde de Leganés Jesús Gómez, al exedil de Urbanismo Miguel Ángel Recuenco por los 7 millones de euros de sobrecoste por la permuta de suelo con la empresa Portfolio.

 

2.- Constituir en un plazo máximo de un mes una comisión de investigación que aclare la razón por la que se produjo esta permuta en 2005 y las circunstancias que la rodearon, citando expresamente a la misma al ex edil de Urbanismo firmante del acuerdo, Florencio Izquierdo.

 

3.- El Pleno insta a alcaldía y a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a que traslade a la Fiscalía de Área Leganés-Getafe el expediente administrativo y judicial del caso por si del mismo se derivara la comisión de algún ilícito penal.