A continuación detallamos las propuestas de resolución que el grupo municipal Unión por Leganés-ULEG presentó para el Debate del Estado de la Ciudad 2017 orientadas a medidas de transparencia y ejemplaridad en la administración local, la obligación de presentar y debatir un presupuesto legal, real, democrático y realista para cubrir las necesidades de los vecinos de Leganés y por último como apoyo y denuncia al Servicio de Extinción de Incendios y para que siga siendo una competencia del Ayuntamiento de Leganés.

Propuesta de Resolución del grupo municipal de Unión por Leganés-ULEG para dotar de ejemplaridad y transparencia al Ayuntamiento de Leganés

 

Los ayuntamientos no sólo son las administraciones más cercanas al ciudadano, sino la que más servicios le presta, motivo por el que existe mayor sentimiento de pertenencia y arraigo identificándolo como algo propio. Por ello, en estos tiempos de recortes, de desconfianza en las instituciones y en sus gestores y numerosos casos de corrupción, son los propios vecinos quienes demandan una mayor transparencia y ejemplaridad en la gestión, exigiendo un control y una verdadera participación en la institución.

Sociedades con mayor tradición democrática que la española tienen verdaderamente interiorizadas estas actitudes de transparencia y ejemplaridad. En nuestro ayuntamiento es una asignatura pendiente. Así, sirvan como ejemplos temas conocidos por todos, como la ingente cantidad de cargos de confianza nombrados a dedo que tiene el actual gobierno, o como sus directores generales han sido nombrados de forma ilegal, según los tribunales. Las dietas y gastos de locomoción o  de “representación” (comidas en restaurantes de lujo, alojamientos en hoteles, viajes, coche oficial, gastos de combustible y peajes, etc.) en una época de crisis como la actual no son precisamente un signo de ejemplaridad. De hecho, el pleno municipal ha pedido al alcalde la devolución de los gastos y la identificación de comensales de comidas cargadas a la tarjeta municipal y aún no se ha producido.

Con respecto a la gestión municipal, destaca la falta de un proyecto de ciudad, la deriva política que ha llevado a una falta de diálogo y acuerdo o de participación para que los vecinos puedan comprometerse y codecidir en la gestión municipal, para lo que se necesita transparencia, algo no achacable a la mera elaboración de una ordenanza, sino a creer en ello y tener voluntad política.

En línea con lo anterior, la falta de transparencia es la nota común del actual gobierno de Leganés: es común que no se entreguen ni se ponga a disposición de los concejales, tal y como obliga la ley, en tiempo y forma la documentación que desde la oposición se solicita. Hechos que ya se están juzgando en los Tribunales.

Por otro lado, el pleno que es el órgano municipal en el que recae la representación directa de los vecinos, ha sido reducido a su mínima expresión. Las mociones que la mayoría del pleno aprueba no son llevadas a cabo por el equipo de gobierno. Esta forma de gobernar de espaldas a la democracia y a la soberanía del pleno sin duda lleva a un desapego de los vecinos.

En la era de la nuevas tecnologías y de Internet, las herramientas nos ayudan en materia de transparencia porque todo puede quedar grabado o hacerse público. Sin embargo, hemos asistido a plenos realizados a puerta cerrada o que no son retransmitidos en directo, o como ocurre con las comisiones plenarias que deberían ser grabadas y abiertas al público, hacer públicos los consejos de administración de las empresas públicas municipales, etc.

Otro órgano que ha sido pervertido y desnaturalizado ha sido la comisión de contratación, cuya función era la de fiscalizar y controlar que los procesos de contratación y los cumplimientos de contratos públicos se realizan de forma conforme e idónea. Para garantizar esto, un miembro del grupo mayoritario de la oposición era quien se encargaba de presidir dicha comisión, sin embargo, en este año 2017 hemos asistido a un hecho deleznable en el Ayuntamiento de Leganés, siendo el alcalde, tras cesar a su legítimo presidente fruto del acuerdo político y la práctica desde hace lustros, quien presida este órgano y lo haya convertido en una farsa inútil: “el gobierno fiscaliza al gobierno”.

Una institución transparente no se consigue solo publicando los bienes de los concejales o creando un apartado en la web institucional, sino democratizando y abriendo la institución a los ciudadanos, permitiéndoles influir en las políticas y codecidir en el proyecto de su ciudad.

En base a lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Unión por Leganés-ULEG con el fin de dotar a la institución de medidas concretas y reales propone al Pleno del Ayuntamiento de Leganés el siguiente ACUERDO DE RESOLUCIÓN.

 

El Ayuntamiento de Leganés se compromete a avanzar en políticas de transparencia y ejemplaridad: haciendo pública la agenda del alcalde y concejales de gobierno, comprometiéndose a que los dictámenes y decisiones y comisiones de contratación sean vinculantes poniendo en marcha mecanismos de participación ciudadana de codecisión en la gestión de los vecinos, retransmitiendo plenos y sus respectivas comisiones, los consejos de administración o las comisiones de contratación (presididas por un miembro del principal partido de la Oposición), publicando las actas de consorcios urbanísticos, devolviendo lo gastado por la tarjeta municipal y reduciendo a la mínima expresión los gastos de representación del alcalde de Leganés, haciendo públicas en la web municipal toda información relativa a comidas institucionales (y con quien se reúne y con qué objeto), los gastos de transporte o los de alojamiento…

 

Propuesta de Resolución del grupo municipal de Unión por Leganés-ULEG para instar al gobierno municipal a elaborar antes del 15 de octubre, como exige la Ley de Haciendas Locales, un presupuesto que responda a las necesidades de los vecinos y a la representatividad democrática del Pleno del Ayuntamiento.

Los presupuestos vigentes en el ayuntamiento de Leganés y bajo el gobierno (formal) de PSOE e IU son los aprobados en 2014 por el Partido Popular de manera ilegal, según sentenció en julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Unos presupuestos que se sacaron delante de manera torticera, a puerta cerrada vía Junta de Gobierno y con la inexplicable abstención del propio PP en el Pleno para forzar este método también calificado como anticonstitucional. Esos presupuestos que hoy operan en el día a día de la ciudad fueron tachados en su día por el PSOE e IU como antisociales, ilegales y antidemocráticos. Motivos por los que junto con ULEG fueron impugnados en los tribunales, si bien el PSOE se echó atrás en tal recurso en el último momento por facturas políticas pendientes de pagar con el PP.

Unas facturas al PP que deben seguir sin abonarse porque el PSOE no le importa no sólo operar con esos presupuestos que ya no les parecen ni antisociales ni antidemocráticos, sino tampoco ilegales, ya que en una maniobra política delirante y en una jugada jurídica insostenible han recurrido la sentencia del TSJ que declara nulos de pleno derecho esos presupuestos que el propio PSOE impugnó en su día. Situación kafkiana, pero que no nos debería sorprender porque cada modificación presupuestaria que se lleva a Pleno cuenta con el acuerdo simbiótico del PP y del PSOE, matrimonio que se extiende a EMSULE, a diferentes operaciones urbanísticas o a la protección de un edil tránsfuga convertido en el gozne que permite a ambos cerrar las puertas del ayuntamiento al progreso de Leganés, que no a progreso de los que han convertido el Consistorio en un centro de negocios.

 

 

Hay que actuar con responsabilidad. Hay que respetar la Ley, a los vecinos y a la voluntad que manifestaron el 24 de mayo de 2015. El presupuesto es la norma que vertebra social, económica y jurídicamente a la ciudad. Y la ciudad exigió un cambio profundo ese 24 de mayo de 2015 que está usurpándose por un gobierno (más satélites), empeñado, sólo por motivos indignos e inconfesables, en mantener las políticas fiscales, económicas y sociales de quienes perdieron la mitad de sus votos y ediles.

Después de más de dos años de las elecciones y de la investidura de alcalde, el gobierno ha incumplido con quizá su más básica función, la de remitir al Pleno, a la cámara de representación de los ciudadanos la norma donde de manera cifrada se manifiestan las prioridades políticas y el modelo de ciudad que se defiende: los presupuestos. Si no se ha cumplido con ello, máxime ante unos presupuestos ya tachados de ilegales por el Tribunal Superior de Justicia, sólo obedece a motivos espurios y/o a la sintonía esencial entre el PSOE y el PP a la hora de calibrar las necesidades de los vecinos y de la ciudad y de aplicar unas políticas al respecto.

 

ACUERDO DE RESOLUCIÓN.

 

Instar al gobierno a dejar de maniobrar con un presupuesto sentenciado como ilegal por la Justicia, a abandonar ese matrimonio de oscuros intereses con el PP y a elaborar sin excusas, tal como mandata la Ley de Haciendas Locales (artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y someter al Pleno antes del 15 de octubre un presupuesto que de verdad responda a las prioridades vecinales y sea el reflejo de la pluralidad y la representatividad democrática reflejada por los leganenses en las urnas.

 

Propuesta de Resolución del grupo municipal de Unión por Leganés-ULEG para mejorar y dignificar las condiciones de trabajo en el Servicio de Extinción de Incendios y para que siga gestionado por el propio Ayuntamiento.

La seguridad de los ciudadanos de Leganés es una cuestión que debería ser prioritaria. Policía Local, Bomberos o Protección Civil son los que velan por nuestra seguridad. El que los trabajadores que encarnan estos Cuerpos tengan unas adecuadas condiciones de trabajo es fundamental para que desarrollen su labor de la forma más eficiente. Por ello, en alguna ocasión hemos incidido en las condiciones en las que Policía Local tenía que patrullar sin suficientes vehículos o sin suficientes emisoras. Incluso hemos aplaudido y alabado la gran labor de los voluntarios de protección civil que asisten emergencias sanitarias que en ocasiones tienen que suplir al SUMMA 112.

En este contexto, la situación que está viviendo el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Leganés es caótica. Parece como si se estuviera en un compás de espera en la que no se quiere solucionar ni mejorar nada porque el gobierno de Leganés trabaja por “desembarazarse” de esta competencia propia, al resultarle su gestión una carga pesada. Algo que queda patente si observamos la capacidad y el mérito de los que ocupan las plazas de Directores Generales.

No se puede seguir permitiendo que no se cubran las vacantes por jubilación de estos servicios. Recordemos por ejemplo en el año 2005 Policía Local, según su memoria, llegó a tener 50 efectivos más que los actuales. Y en el caso de bomberos en un par de años existen cerca de 6 vacantes. Todo esto sin duda redunda en la calidad y efectividad que el servicio presta a la ciudadanía. La ausencia de mandos de bomberos o el estar por debajo del mínimo diario de efectivos es un asunto habitual que sin duda se agravará con la llegada del verano ante la desidia del Director que ante estas situaciones mira hacia otro lado.

Las condiciones en las que muchos empleados públicos tienen que desarrollar su labor en el ayuntamiento son sonrojantes. En el caso de los bomberos resulta humillante, hace unos días se denunció que durante más de 20 días nadie se ocupó de solucionar la falta de agua caliente en la cocina del parque. En alguna ocasión han tenido que trasladarse desde el parque al edificio de la calle Chile para ducharse. Incluso, la puerta de salida de los vehículos ha estado averiada abriéndose de forma manual porque no se daba parte para repararse a pesar de estar privatizado el servicio de mantenimiento de edificios.

Por otro lado, es tal la falta de consideración que el “apiario”, (el centro de recuperación de enjambres de abejas por el que tanto pecho se saca por parte del gobierno) se ha cambiado de ubicación en 4 ocasiones deprisa y corriendo. Montado una y otra vez de forma voluntaria por los propios bomberos en su tiempo libre utilizando vehículos propios y material costeado por los propios trabajadores.

Todo esto responde a una clara estrategia para degradar el servicio y tener prefabricada la excusa de que estaría mejor gestionado por parte de la Comunidad de Madrid.

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés

 ACUERDO DE RESOLUCIÓN.

1) Que se cubran las plazas vacantes en materia de seguridad tanto en bomberos como en policía local.

2) Que se proceda a la mejora de las condiciones de trabajo del SEIS cubriendo las ausencias programadas de mandos y personal para así superar el mínimo de efectivos establecido. Asimismo se insta al Director General a que trate con respeto al personal que presuntamente dirige.

3) Que se preste toda la ayuda tanto económica como material y legalizar el centro de recuperación de enjambres.

4) Que el Ayuntamiento pleno manifieste su intención de que el SEIS siga gestionado por el Ayuntamiento de Leganés.