Un alcalde que viola derechos fundamentales no puede seguir al frente de Leganés

ULEG pedirá la dimisión del alcalde “socialista” de Leganés sentenciado por sus prácticas caciquiles que vulneran los derechos de participación política de la oposición

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado que Santiago Llorente vulnera continuamente los derechos fundamentales de la oposición, en especial en asuntos referidos al acceso a la información la participación política.

A pesar de ser un gobierno manchado por sus prácticas caciquiles, se continúa con la  opacidad informativa y boicoteando la labor de control y fiscalización de los concejales de la oposición por lo que probablemente habrá más sentencias de este tipo.

Leganés, 4 de junio de 2018

Por su interés reproducimos de forma íntegra el contenido de la moción registrada para el próximo pleno municipal:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN POR LEGANÉS- ULEG POR LA QUE SE REPRUEBA Y EXIGE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE LEGANÉS POR SU CONTINUA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA OPOSICIÓN, EN ESPECIAL LOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, TAL Y COMO YA HA SENTENCIADO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

La Justicia es el único ‘bote salvavidas’ al que podemos agarrarnos aquellos que creemos en el Estado de Derecho y en fórmulas de arreglo de conflictos y controversias que no estén basadas en la autotutela. Y esa Justicia es la que ha hablado alto y claro en aquello que venimos denunciando desde prácticamente el principio del mandato del alcalde “socialista” Santiago Llorente: opacidad informativa, boicot a la labor de los ediles del ayuntamiento que ejercen eficaz y legítimamente la oposición, comportamientos autoritarios, despóticos, nula transparencia y voluntad constructiva…

Precisamente la sentencia de la sección segunda de fecha 3 de mayo en el recurso 222/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la unanimidad de 5 magistrados del órgano supremo jurisdiccional de la Comunidad de Madrid, no puede ser más demoledora, ni más pedagógica e ilustrativa al fallar que el alcalde de Leganés “actúa de manera no conforme a derecho, vulnerando al portavoz y concejal de ULEG, Carlos Delgado Pulido, el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española” . Una sentencia que podría no ser la última ante la constante labor obstruccionista, de violación de los derechos constitucionales por parte del alcalde y de su gobierno, donde directores generales nombrados ilegalmente (también sentenciado así por los tribunales) ejercen de comisarios políticos y brazos ejecutores de estas prácticas tan reprochables para cualquiera con sensibilidad democrática. Erosionar, dañar y conculcar los derechos constitucionales, los derechos humanos de concejales en una sociedad democrática es otra forma muy grave de corrupción política y moral que demanda una respuesta institucional y ética contundente a la altura de tal indignidad.

Y es que es un poder del Estado como el Judicial que está al margen (mientras lo dejan) de las diatribas políticas y partidarias es quien ha propinado un duro revés al gobierno de Llorente y, por ende, a todos los demás que callan, tapan y pastelean con él.

La sentencia que obligaría a cualquier dirigente a dimitir y a su organización a pedir la dimisión o su cese (vara de medir que se aplica en otros ámbitos y por el propio PSOE), además desnuda a uno de los personajes políticos más ineficaces en su gestión y polémico en su actitud y comportamiento como el director General de Sostenibilidad Francisco Javier Márquez Ortiz, quien como expresa la resolución judicial , aporta un informe carente de prueba alguna para justificar su negativa durante 8 meses a poder acceder a una información en una materia de obras y urbanismo.

 

Por todo ello, sometemos al Pleno el siguiente

 

ACUERDO

 

1º) Se reprueba y exige la dimisión del alcalde de Leganés por su continua vulneración de los derechos fundamentales de la Oposición, en especial los de información y participación política, tal y como ya ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 

2º) Se insta al gobierno del ayuntamiento de Leganés a que actúe con transparencia, facilite la legítima labor de los ediles en su función constitucionalmente protegida de supervisar y controlar la acción gubernamental, así como que abandone las prácticas obstruccionistas y boicoteadoras que dificultan el derecho de los ediles al acceso de la información que las leyes les ampara.

 

3º) Que se practiquen políticas de transparencia proactivas por parte del ayuntamiento de Leganés para que también los vecinos/as accedan a la información a la que las leyes les faculta obtener.

 

También se dará cuenta oficial de la presente moción a la FEMP, a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y del Congreso de los Diputados y a todas las entidades vecinales inscritas en el registro municipal de asociaciones.