En la Cuenta General 2008 del Ayuntamiento de Leganés se cifra en más de 2,2 millones de euros los abonados en facturas por servicios que no estaban sujetos a ningún contrato ni procedimiento previo. Son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que aparecen intervenidos de forma negativa y expresa por parte de la interventora municipal en 108 informes.

 

Este proceder manifiestamente grave e irregular por parte de los responsables de este ayuntamiento ponen de manifiesto, una vez más, tanto la falta de rigurosidad y el descontrol existente, como las presuntas corruptelas que podrían acompañar a muchos procesos de contratación. De hecho, es reiteradamente denunciado por la interventora en contundentes informes como el número 98, donde se recogen afirmaciones como:

 

“Nos encontramos ante un supuesto de un gasto periódico consistente en el mantenimiento de una  instalaciones destinadas a la prestación de un servicio público, cuya tramitación deberá ajustarse a lo previsto en la legislación vigente” (…) “debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación” (…) “sin que a pesar del tiempo transcurrido se haya procedido a la contratación del servicio” (…) “sin haber seguido trámite alguno para su contratación” (…) “sin que se haya procedido a regularizar la situación mediante la tramitación del expediente de contratación correspondiente” (…) “que tampoco consta que se hubiera efectuado, en su día, acto interventor de fiscalización previa” (…) “La resolución que se dicte podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades a que se refiere el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo”.

 

Es más, en el informe nº 108 se avisa incluso de que se esté incurriendo ante una circunstancia especialmente prohibida en la ley: el fraccionamiento del contrato. Una fórmula ilegal para evitar, en función de la cuantía del mismo, someter el proceso de contratación y adjudicación a más requisitos y control.

 

En la Justicia: Casos Conalsa y Cosersa

 

Desde ULEG se destaca que muchas de estas actuaciones se han denunciado en los plenos y ya se han llevado a los juzgados por el concejal del partido local Carlos Delgado porque suponen “un grave perjuicio a los intereses generales, ponen en entredicho la competencia y la igualdad de oportunidades y es un incumplimiento clamoroso de las normas relativas a la contratación de las administraciones públicas, como señala en más de un centenar de ocasiones la Intervención de este Ayuntamiento”. Desde ULEG se señaló que “estamos ante un gobierno local que durante 30 años se ha acostumbrado a creer que Leganés es su cortijo y donde no hay más ley que su capricho. A ver si ante la Justicia y con los innumerables casos que se les vienen encima son tan prepotentes como con los ciudadanos y con la oposición política”.