ULEG, principal partido de la oposición y segunda fuerza del ayuntamiento, ante la manifiesta ilicitud pretendida en el Pleno del 19 de septiembre por el gobierno local ya dejó registrado ese día y entregado en mano a cada edil lo siguiente:
«En el punto 7º del orden del día se propone la "Modificación de plantilla de personal funcionario", una modificación que cuenta tanto con un informe desfavorable de la Intervención General del Ayuntamiento como de la propia secretaría general del Pleno. En la comisión plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda también se informó por parte de intervención y secretaría al respecto. También desde ULEG se hizo constar expresamente de las consecuencias jurídicas penales que tendría seguir adelante con esta propuesta que, a nuestro juicio, además incurre en un clamoroso fraude legal por el que se diseña un traje a medida para la colocación de dos personas en dos áreas sensibles del ayuntamiento (RRHH y Organización y Métodos) sorteando el procedimiento adecuado. Es ya incluso vox populi el nombre y apellidos de los TAEs "agraciados".
Por tanto, nadie puede alegar ni desconocimiento ni ignorancia respecto a todo lo relacionado con este punto así como de las advertencias sobre su ilegalidad. Es más, están actuando a sabiendas. Todo ello motiva a que de manera expresa se señale que si este punto finalmente sale aprobado todos los que hayan votado a favor, pero también los que se hayan abstenido y por consiguiente permitido su aprobación, podrían estar incurriendo en ilícito penal, como sería, entre otros, el de prevaricación administrativa (404 y ss CP).»
TENTATIVA DE PREVARICACIÓN E INDUCCIÓN A LA PREVARICACIÓN.
A pesar de las advertencias fue aprobado por PSOE y Leganemos, con la cobarde abstención de Cs y se publicó en el BOCM el 24 de septiembre. Finalmente el gobierno ha reculado y someterá al Pleno del 21 de noviembre un punto por el que se estima la alegación presentada por una asociación y deja sin efecto lo aprobado. Esta asociación reproduce literalmente lo que afirmaba la Intervención y ULEG y de lo que ya eran conocedores tanto el gobierno como sus socios. "Estamos por tanto ante una marcha atrás motivada únicamente por el miedo a verse entre rejas o inhabilitados y/o porque le han fallado alguno de los dos agraciados a los que se había preparado un traje a medida". Desde ULEG creen que a pesar de la espantada el ilícito penal ya se ha consumado en grado de tentativa y culpan especialmente como inductora a la polémica edil Laura Oliva, quien firmó e impulsó chapuceramente todo el expediente con el membrete de "alcaldesa en funciones".
