El partido local, en su línea de defensa del debate constructivo y de ideas, pone encima de la mesa una hoja de ruta con "cuatro puntos cardinales": Documento estratégico municipal por la transparencia, justicia y limpieza en el acceso al empleo público y por la estabilidad de la plantilla en el ámbito municipal.

En Unión por Leganés entendemos que con el cruce de declaraciones entre el alcalde y sindicatos y el posterior encierro en la Casa del Reloj se ha "tocado techo". Es la hora de dar paso al diálogo en todas las materias controvertidas: procesos de acceso a la función pública, consolidación de puestos de trabajo, amortizaciones, eficacia y eficiencia de la plantilla, recortes…. Nuestra formación política desde su posición estratégica con 4 concejales ha demostrado capacidad de negociación y espíritu constructivo para llegar a acuerdos con todo tipo de colectivos en beneficio del interés general. Por ello, aportamos nuestra propuesta para intentar dar una salida razonable a este conflicto.

Los 4 puntos cardinales de nuestra hoja de ruta:

1)    Responsabilidad y prudencia al hablar de despidos y recortes de plantilla y canalización (diálogo) de la discordia y la confrontación:

Proponemos la creación de una mesa permanente e institucionalizada de diálogo y negociación entre alcaldía, Recursos Humanos, sindicatos y grupos políticos.

2)    Método objetivo. Informes económico-sociales serios y rigurosos:

La hipotética amortización de las plazas responderá a que objetivamente no sean necesarias para el funcionamiento de los servicios municipales.

Defendemos la necesidad de realizar un estudio pormenorizado de las tareas que se desarrollan en las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Leganés y el número de trabajadores que exige cada una de ellas, contrastándolo con la distribución actual del personal municipal. Los resultados ayudarían a mejorar la gestión de los recursos humanos municipales y evitar "cuellos de botella" o áreas descubiertas.

En cualquier empresa, antes de despedir trabajadores, un buen gestor baraja muchas otras opciones como la optimización de gastos, ser más eficiente en el desarrollo de las tareas y las funciones de los recursos humanos, la renegociación de la deuda… Así, la gestión de una administración pública debe valorar y tomar muchas decisiones previas al recorte de la plantilla (capítulo 1 del presupuesto) y realizar un estudio previo de ajustes en otros conceptos como gastos corrientes (capítulo 2 y en especial las contratas del capítulo 2.27), gastos financieros (capítulo 3) o transferencias corrientes (capítulo 4). El despido, en las diversas formas que de hecho o de derecho se puedan producir, sólo puede ser contemplado como la última salida o solución, soportándose en todo caso en datos proporcionados por algún estudio serio, riguroso e independiente que analice las ineficiencias existentes en el modelo de relaciones laborales, organización del trabajo y de configuración de la plantilla.

Por último, hay que recordar que en el pleno de septiembre, a iniciativa de ULEG, se consensuó una moción para realizar un estudio que analizara todos los servicios públicos que podrían ser asumidos en condiciones ventajosas (económicas, laborales, de calidad del servicio) por la propia administración, en beneficio de su interés y el de los ciudadanos de Leganés. Una iniciativa que precisamente no va orientado al recorte de plantilla municipal, sino a contemplar la posibilidad de remunicipalizar algunos de los servicios públicos hoy externalizados. Informe que a día de hoy no nos consta que se haya realizado.

3)    Tolerancia cero con las corruptelas y máxima transparencia.

Se han de modificar las bases de los procesos selectivos pendientes de culminar que no respondan escrupulosamente a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Evitaremos las generalizaciones para centrarnos en algunos de los procesos que albergan dudas más que razonables de no haberse regido por tales principios. Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, se han de poner encima de la mesa los casos donde se han evidenciado mayores indicios de "enchufismo" para que inmediatamente, y por propia imagen de la administración y de los sindicatos se proceda en consecuencia, como podría ser la amortización de plazas creadas innecesariamente o la paralización del proceso o procesos de selección y la modificación de las bases correspondientes.

Al mismo tiempo, se ha de configurar una bolsa de empleo que destierre las actuales sospechas de irregularidad, duda, favoritismos, enchufismo y opacidad como ocurrió en el pasado y también sucede en el actual mandato. En caso contrario seguiremos dando "palos de ciego" a la hora de diseñar una adecuada política de recursos humanos.

4)    No sobran trabajadores, sobran prejuicios ideológicos tanto del PP como de los representantes sindicales:

ULEG reitera su creencia de que en Leganés no sobran trabajadores públicos, sino que hay una deficiente política de recursos humanos unida a la carencia de organización, coordinación y proyecto de ciudad. Debemos poner en valor el trabajo del empleado público, apartándolo de la guerra partidista y censurando los comportamientos que los pongan injustamente en el "ojo del huracán" de la opinión pública. Igualmente, se ha de mostrar firmeza y determinación frente a actitudes contrarios a la ética y el buen hacer profesional.

Desde la llegada del nuevo gobierno, además del personal eventual (cargos de confianza) cuya remuneración supone el sueldo de dos o tres trabajadores municipales, nos consta que ha habido incorporaciones de nuevos empleados en la plantilla, lo que contradice esa teoría de que "sobran trabajadores" que se infiere de diversas declaraciones del alcalde. Por eso, ni compartimos ni consideramos aceptables tales declaraciones sobre la plantilla municipal o de sus representantes sindicales. Del mismo modo, que no compartimos las distintas medidas de presión tomadas por los sindicatos de cara a la opinión pública, como las pegadas masivas de carteles informativos de contenido, en ocasiones, tendencioso.

En definitiva, para ULEG sólo existe un camino, hacer realidad los principios constitucionales en el acceso a la función pública y el que las decisiones políticas no sean fruto de una pulsión o prejuicio ideológico, sino la resultante de un proceso dialogado, razonado y razonable. La situación que nos ha tocado vivir y gestionar, donde es indudable la incómoda herencia generada por más de 30 años de gobierno de los mismos, nos exige a todos responsabilidad y dejar aparcadas posiciones inmovilistas, prejuiciosas y despóticas.