> Desde el partido vecinal piden transparencia y un listado completo de facturas: en los dos últimos plenos el gobierno de Llorente se ha llevado a aprobación el pago de facturas por valor de más de 100.000 €, algunas del año 2015 o incluso de una empresa que está trabajando para el Ayuntamiento de Leganés sin contrato en vigor desde diciembre de 2008.   Leganés, a 24 de octubre de 2018. ULEG manifiesta su profunda preocupación por la aparición de 17 facturas llevadas a los plenos de los meses de septiembre y octubre por valor de más de 100.000 euros que estaban "guardadas en los cajones consistoriales", algunas incluso desde el año 2015. Desde el partido local se preguntan cuántas facturas más habrá escondidas.   El trámite administrativo habitual para abonar facturas por parte del Ayuntamiento de Leganés se realiza sin pasar por el pleno. Únicamente, y de forma excepcional mediante el sistema de "reconocimiento extrajudicial de crédito", se elevan a sesión plenaria el pago de aquellas facturas si no hubieran podido abonar durante el ejercicio presupuestario correspondiente o si no existiera contrato en vigor con la empresa. Sin embargo, el gobierno "socialista" de Llorente utiliza de forma abusiva este mecanismo, tal y como remarca la interventora en todos sus informes, algo en lo que coincide el propio concejal de Unión por Leganés-ULEG, Carlos Aranzana: "es inaceptable que una administración pública acumule facturas sin pagar desde hace más de 3 años o tener empresas trabajando sin contrato, incluso  desde hace diez años."   En relación a lo anterior, en el pleno del mes de septiembre se llevó a pleno para su pago 7 facturas de la Delegación de Sostenibilidad (dirigida por el gran contador de cuentos inventados e infamias, Francisco Javier Márquez) correspondientes a consumos eléctricos de 52.425,68 €, todas del año 2015. Igualmente en el mes de octubre, el servicio de gestión de multas de tráfico de la Delegación de Seguridad Ciudadana, otras 10 facturas por valor de 47.658,88 €,  muchas de 2015. Además, se da la circunstancia en este último caso de que es un servicio externalizado a la empresa "Pedro Morales 1981 SLU" que lleva sin contrato en vigor desde diciembre de 2008… "No hay explicación para que una empresa lleve una década prestando este servicio sin contrato. En nuestra opinión es una práctica irregular y abusiva porque blindas a una empresa y no permites competir a otras al no haber licitación", finaliza Aranzana. <