El Sr. Garcia Blázquez tiene las competencias delegadas de Hacienda y Patrimonio y preside la Mesa de Contratación del Ayuntamiento. ULEG cree que su condición de imputado por el presunto delito de prevaricación, uno de los más graves que puede cometer un cargo público, obliga a que, por prudencia política e imagen de la institución, sea apartado provisionalmente de cualquier tarea de gobierno.
El partido Unión por Leganés (ULEG), a través de su edil en el ayuntamiento de Leganés, Carlos Delgado, reclama al alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya que adopte medidas inmediatas una vez conocida la imputación formal por el delito de prevaricación por parte del TSJM a D. Antonio García Blázquez, portavoz del grupo municipal socialista, concejal de Hacienda y Patrimonio y presidente de la Mesa de Contratación. "No es oportuno, ni prudente que siga ostentando atribuciones de administración y de gobierno la persona a quien un tribunal imputa formalmente porque ve al menos indicios de la comisión de un delito como el de prevaricación, uno de los más graves que se pueden achacar a un cargo público", explicó Delgado.
Desde ULEG se señala que "hay que respetar la presunción de inocencia y no se prejuzga al Sr. García Blázquez, ni al resto de cargos y ex cargos públicos imputados por el caso Cuadrifolio, pero la imagen, la credibilidad y la honorabilidad de la institución y más en una cuestión tan sensible como Hacienda, Patrimonio y Contratación, exigen, si no la dimisión, que al menos provisionalmente sea suspendido de sus funciones hasta que se solvente el asunto. Si el PSOE quiere mantenerlo como portavoz ya es cosa suya y de su particular código ético, especialmente estricto con los demás y liviano cuando afecta a sus componentes", señaló el secretario de comunicación, Ricardo López.
Suspensión de los diversos cargos de confianza imputados. Asimismo, ULEG insta al alcalde a que también suspenda de sus funciones a diversos cargos que siguen ocupando tareas directivas o administrativas en la corporación, como puede ser, entre otros, la Directora de Servicios de Informática, Virgina Moreno, o el Director de Servicios de Limpieza y Medio Ambiente, Francisco Arroyo, también denunciado en los juzgados por el "caso facturas", la presunta malversación de fondos públicos para financiar la campaña del actual alcalde.
